Prorrogar la moratoria minera por razones obvias

Dijo el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, en la Convención Internacional de Prospectors & Developers Association of Canadá (PDAC), llevada a cabo la semana anterior en Toronto que la idea es que Colombia sea un país predecible y que no haya sorpresas para los inversionistas. Compartimos plenamente ese objetivo, pero creemos que por ahora no será posible.


Y no es posible porque todo el marco institucional en el que se mueve el sector está en proceso de cambio tras la mayor crisis de la institucionalidad que haya sufrido esta improvisada locomotora y la lenta marcha hacía la reconformación de todos los aspectos que la regulan.

La nueva estructura institucional no está lista, la Agencia Nacional de Minerales sigue en el papel, continúa pendiente el nombramiento de funcionarios claves de la nueva estructura, siguen sin resolver miles de solicitudes mineras, no es claro el trabajo conjunto y de coordinación entre las autoridades mineras y ambientales, no se han recogido las delegaciones y el gobierno sigue en el dilema de cómo atacar la minería criminal sin menoscabar los derechos de la minería artesanal o tradicional.

La licitación para elegir una firma que se encargue de la fiscalización minera no ha concluido, tampoco se dice cómo la nueva institucionalidad va a tener cobertura nacional, apenas en el segundo semestre se presentará al Congreso de la República la nueva reforma al Código de Minas, y la locomotora sigue su marcha sin nadie que la ponga en cintura por sus impactos sociales y ambientales.

Un poco más allá, en los próximos días arranca en el Congreso el debate por la reforma tributaria y allí podría surgir un nuevo marco impositivo para las compañías mineras y petroleras. La nueva autoridad ambiental, por su parte, sigue en proceso de consolidación y la reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales continúa en el tintero.

Con tantos asuntos pendientes, es imposible decirle a las compañías que en estas condiciones somos predecibles y no habrá sorpresas. Pero más grave que esto, es invitar a los inversionistas nacionales y extranjeros a invertir hoy en un sector cuyas condiciones legales y contractuales son onerosas para el país, y sobre las cuales existe una gran inconformidad social.

Nuevas voces se suman cada día al coro de colombianos que exigen un alza de las regalías que pagan las compañías privadas por la explotación de nuestros recursos minerales del subsuelo.

El informe de autoría de la Contraloría General de la Nación señala claramente que empresas tan importantes como Cerrejón, presentan divergencias en cuanto a producción de carbón en el departamento de La Guajira, que conllevaron a pagar menos regalías a la autoridad minera. Qué bueno sería que la empresa, que acaba de suscribir el Acuerdo de Autoregulación, fuese consecuente con lo señalado en el capítulo 5 – Ética y Transparencia – e informara al país sobre las incoherencias denunciadas.

Lo que vivió en el país durante la última semana demostró claramente la inconformidad respecto al nivel de las tarifas de regalías establecidas en la Ley 141 de 1994 y sobre la forma como éstas se distribuyen a través del nuevo Sistema General de Regalías. Hasta el partido Liberal protestó.

La mermelada no alcanzó para distribuirse en toda la tostada, como se nos dijo durante el debate de esta iniciativa, Y no alcanzó, entre otras, porque a partir del 2005, el gobierno del expresidente Uribe autorizó a las compañías mineras a descontar las regalías de sus impuestos de renta, como si fueran un costo más y no la contraprestación por la explotación de recursos no renovables que hacen parte del patrimonio natural de los colombianos. Nuestros estimativos señalan que esta deducción redujo los impuestos de las empresas mineras en unos US$1.300 millones de dólares en seis años.

Y no alcanzó porque la tasa de tributación efectiva de las compañías mineras y petroleras es pírrica gracias a los millonarios privilegios tributarios que plagan el estatuto. Ojala todos estos beneficios desaparezcan del nuevo estatuto tributario.

Pero en general, lo que tenemos los ciudadanos de a pie en la cabeza es que el Estado sobredimensionó los beneficios tributarios y no tributarios a unas compañías que no necesitaban más estímulos, y que además de estos beneficios, algunas empresas abusaron de la falta de fiscalización en todos los órdenes – contractual, técnico, ambiental, social y tributario – para generar conflictos y obrar en detrimento del fisco nacional.

¿Vale la pena seguir entregando nuestros RNNR a las compañías privadas en estas condiciones económicas y cuando el marco integral de regulación está en transición? Respetuosamente, pensamos que no.

Una moratoria de dos meses fue insuficiente, la casa no está en orden. Solicitamos formalmente extender la moratoria minera hasta organizar la institucionalidad antes de continuar aceptando solicitudes, excepción hecha para las solicitudes de material de construcción, pues mal podríamos afectar a las locomotoras de vivienda e infraestructura por falta de insumos para su desarrollo.

Por: Alvaro Pardo / Director / Colombia Punto Medio
print
rating
  Comentarios