Las fracturas en el discurso ambiental de las compañías mineras

La negativa de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), a la solicitud de ampliación de las licencias ambientales de cuatro compañías mineras que operan en el departamento del Cesar, representan un quiebre importante en la tarea del Estado por defender el medio ambiente y la salud de la comunidad por encima del interés de unas empresas mineras enfocadas sólo en la rentabilidad de su inversión.


Se trata de una decisión de la ANLA que suspende los proyectos de expansión de las compañías Operación Integrada Carbones de la Jagua, Prodeco, Drummond y Vale Coal (Colombian Natural Resources)--, todas ellos miembros del gremio Sector de la Minería a Gran Escala.

El gremio suscribió recientemente un compromiso de autoregulación de sus afiliados y debería por tanto explicar sí el slogan de Minería Responsable es un compromiso con el país o solo parte de un discurso público para mejorar su reputación. De cualquier forma, la decisión de la ANLA sienta un precedente: La locomotora minera no es una excepción y le aplican todas las normas exigibles para los demás sectores de la economía.

Pero hay muchas preguntas más que surgen de la decisión de esta Agencia adscrita al Ministerio de Ambiente:

1. ¿Cómo pudo la empresa brasileña Vale Coal vender sus intereses mineros en el departamento de César teniendo pasivos ambientales sin resolver? Los activos de esta compañía fueron adquiridos por CPS. S.A. filial de Colombian Natural Resources (CNR), del grupo Goldman Sachs, por US$404 millones. Es claro que quien compra se hace responsable por las obligaciones del vendedor, incluidos los pasivos, pero ¿no debería existir en el país alguna norma que prohibiera ese tipo de transacciones cuando el vendedor no está al día con sus obligaciones legales y contractuales?

2. Los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), de las empresas se limitan a mediciones dentro del polígono del título minero. En este caso, la ANLA parece haber ido más allá y determinar que el impacto de la minería a gran escala no son exclusivamente locales, sino que tienen incidencia regional. Los dos departamentos carboníferos, La Guajira y Cesar, están conformando un mismo núcleo de afectación ambiental por la misma razón: la explotación de carbón a cielo abierto.

3. La autoridad minera debería revisar los informes de estas cuatro compañías, pues seguramente todos hablan de responsabilidad social y ambiental en sus informes, revistas y declaraciones públicas; Y, sin embargo, cuando la autoridad ambiental hace sus propios estudios, los resultados no concuerdan. Este es el caso de las mediciones sobre emisión de particulados al medio ambiente, cuyos niveles detectados por la ANLA, en alianza con CorpoCesar y la Universidad Industrial de Santander, sobrepasan los niveles permisibles. La pregunta es ¿no ha debido ANLA proceder al cierre de las operaciones mineras por infracción grave a las normas ambientales?

4. Es grave porque esta es la misma situación que dio lugar a las denuncias y graves desordenes registrados en contra de estas compañías desde el 2007, cuando el propio ex presidente Alvaro Uribe debió trasladarse a la Jagua de Ibiricó para buscar un acuerdo que pusiera fin a los problemas de orden público. ¿Ha verificado el gobierno el cumplimiento de este acuerdo por parte de las compañías mineras? Sería bueno mirar sí Drummond cumplió con el arreglo de la vía que, fruto de ese acuerdo, las compañías debían construir para evitar que sus tractomulas cargadas de carbón pasaran por los cascos urbanos.

5. ¿Han cumplido las compañías con la obligación de carpar las tractomulas y wagones para evitar la emisión del polvillo de carbón? En una visita de la organización Colombia Punto Medio a la zona afectada en el 2011, encontró acumulaciones de polvillo de carbón a los costados de las vías.

6. ¿Por qué tiene el gobierno y las entidades territoriales la obligación de financiar los gastos en salud para una población afectada por problemas respiratorios causados por el polvillo de carbón? ¿Dónde quedó la responsabilidad social de las compañías mineras con que tanto alardean las mismas compañías y su gremio de la minería a gran escala?

7. Hace más de cinco años, las compañías mineras y el gobierno acordaron trasladar varias poblaciones para facilitar la expansión de la locomotora minera en este departamento. Las compañías se han dedicado a torpedear el proceso y a demandar los actos administrativos que lo acompañan, mientras 1.500 personas de El Hatillo, Boquerón y Plan Bonito respiran un aire polucionado y viven bajo la amenaza de las montañas de estériles que las mineras generan en los límites de sus cascos urbanos (1)

8. ¿Quién responde por los problemas ambientales generados por el trasteo del río Calenturitas? ¿Quién responde por un departamento en proceso de desertización, cuando hasta hace unos años era reconocido por su riqueza agrícola y ganadera? ¿Quién responde por los centenares de trabajadores lisiados mientras entregaban sus vidas y trabajo a los dueños y directivos de Drummond? ¿Quién responde por la inflación local, la prostitución y la pobreza que crece en el vecindario de una minería creciente y desbordada?

9. En fin, quedan muchas preguntas más por hacer. Por lo pronto, anexo los documentos elaborados por Colombia Punto Medio luego de una visita a la zona damnificada por la explotación minera de las cuatro compañías tardíamente llamadas al orden por la autoridad ambiental.

(1) “Minería del carbón en el Cesar, lecciones y propuetas. Documento CPM
http://www.colombiapuntomedio.com/Visualizar/tabid/79/ArticleId/222/Mineria-del-carbon-en-el-Cesar-lecciones-y-propuestas.aspx

Por Alvaro Pardo / Director de Colombia Punto Medio
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